Ni a las empresas que recurren multas les gusta que les llamen "quitamultas", ni a las administraciones sancionadoras que les acusen de "sacacuartos". Polémicas aparte, la realidad es que un porcentaje, que se estima alto, de los quince millones de sanciones de tráfico son recurridas todos los años.

Es tal el volumen actual de multas de tráfico que las administraciones -estatal, autonómica en el caso de Cataluña y el País Vasco, y municipal- "son incapaces de tramitarlas con eficacia. Son víctimas de su propia burocracia", apunta Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Arnaldo habla incluso de un "colapso" del sistema que ha provocado en muchos casos que las multas se notifiquen tarde y mal, con errores de forma y fondo, a veces sin pruebas concluyentes, circunstancias que explicarían la proliferación de empresas especializadas en recurrirlas. "Ante el aumento de las sanciones, crece la respuesta del ciudadano, que discute las multas con la administración sancionadora en su legítimo derecho a la defensa", insiste Arnaldo. "Somos el país -destaca- con el proceso sancionador menos garantista y más severo, con multas más altas, aunque también con una elevada siniestralidad".

Según un estudio de la aseguradora SADYR, sólo el cinco por ciento de los conductores estiman del todo injusta e improcedente su multa, y creen tener un motivo contundente para su anulación, pero también otro escaso cinco por ciento la cree acertada, aunque luego quiera recurrirla para intentar no pagarla. En cualquier caso, concluye el mismo informe, la decisión de recurrir una multa se produce en el noventa por ciento de los casos desde un mayor o menor grado de indignación, puesto que, aún admitiendo la infracción, no se consideran merecedores de tal sanción o de tan elevado importe.


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El estudio confirma un temor extendido entre los conductores: el afán recaudatorio de Tráfico y de los ayuntamientos. "Las multas se utilizan como un tributo más. Un instrumento preventivo se ha convertido en uno recaudatorio", denuncia el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.

Otro informe, también de una aseguradora, Arag, realizado en colaboración con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, advierte de que el 62% de los españoles cree que los agentes de tráfico se colocan donde mejor multan, no donde hay más accidentes.

"La mayoría de las denuncias están bien puestas", asegura Ramón Ledesma, subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT. Sus agentes de Tráfico pusieron en 2008 más de 4.700.000 sanciones, un millón largo más que en 2007, debido a la implantación de la red de radares fijos. Del total, poco más del seis por ciento fueron recurridas. En el noventa y cinco por ciento de los casos "se confirman las denuncias", informa Ledesma.

"Se alegan mucho más las de los ayuntamientos que las de la DGT", indica Ramón Ledesma, quien reconoce: "íbamos camino de colapsarnos; por eso montamos el centro de radares, con medios técnicos y humanos, para racionalizar y acortar los plazos. Tardábamos siete meses en gestionar una multa". "Los radares y el permiso por puntos -continúa- han permitido que muchos muertos en carretera se hayan convertido en heridos. Es duro decirlo, pero es así".

Con esas 4.700.000 multas la DGT se pone a la altura del Ayuntamiento de Madrid, hasta ahora la administración española más sancionadora en materia de tráfico, con unas 4.500.000 en 2007, más del cincuenta por ciento relacionadas con el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado). El año pasado, según la Delegación de Seguridad y Movilidad, bajaron a 3.639.234.

El PSOE en el Ayuntamiento madrileño estima que en 2009 se recaudarán por multas de tráfico 114 millones de euros, casi 3,60 euros por segundo, una cifra que el equipo de gobierno de Ruiz-Gallardón considera exagerada y que rebaja a entre 80 y 90, más o menos como en 2008. Las multas de Madrid contrastan con las de Barcelona, 664.707, según informó su Guardia Urbana -exceso de velocidad y aparcamientos indebidos fueron las principales causas-, de las cuales 194.530, menos que en 2007, fueron recurridas.

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Desde la entrada en vigor del carné por puntos, en 2007, "y ante la posibilidad de su pérdida, el número de recursos presentados ante las diferentes administraciones ha ido en aumento. Antes se luchaba contra una sanción económica, pero ahora existe la posibilidad de perder el permiso de conducir, algo muy serio", comenta Carlos Pimentel, director de Márketing de Multalia. Es, añade, la respuesta ciudadana "a la voracidad recaudatoria" de las administraciones.

"Cualquier tipo de sanción es susceptible de recurso, no depende del hecho denunciado para que haya más posibilidades de éxito. Lo importante es empezar a trabajar con la multa lo antes posible y no dejar pasar los plazos de recurso", afirma Carlos Pimentel. Aunque rehúsa hablar de porcentaje de éxitos, "daría lugar a equívocos", asegura que la mayoría de sus clientes "que tienen cinco o seis multas terminan pagando una o dos, a lo sumo".

Ahora bien, "no somos una empresa de magos que con una varita mágica hace desaparecer las multas", advierten en Multalia. "Ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo jurídico especializado con las mejores herramientas para la defensa de los derechos de los conductores".


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En DVuelta, otra empresa, el "incremento notable" de los recursos se explica "por el aumento de la presión sancionadora sobre los conductores, que perciben de manera clara que sancionar es distinto que recaudar, y que el incremento de las multas, tanto en número como en cuantía, se debe mucho más a buscar su dinero que su seguridad". "Si hubiera menos multas pero mejor puestas -dicen en esta empresa- se recurriría mucho menos, se recaudaría mucho más y, finalmente, la multa tendría la finalidad correcta".

Mutua Madrileña, que en 2008 gestionó 165.000 recursos y 125.000 en lo que va de año, el 75% correspondientes a sanciones de ayuntamientos, considera que el porcentaje de éxito "depende del tipo de sanción, del organismo sancionador y de las pruebas que se puedan presentar en las alegaciones". En función de todo ello, puede oscilar entre un 25% y un 75%. Los recursos gestionados en 2008 por el Real Automóvil Club de Cataluña fueron más de 40.000.

Mario Arnaldo, de AEA, critica que algunas empresas se limiten a rellenar impresos y a presentarlos, y "eso no supone un ejercicio correcto del derecho a la defensa de los clientes, a quienes casi nunca conocen personalmente, como tampoco las circunstancias en las que se impuso la sanción. En muchos casos se recurre porque sí, sin distinguir". "Sí al recurso de las multas, pero también a la necesidad de dignificar el sistema", manifiesta Ramón Ledesma desde la DGT.

A FACUA, asociación de defensa de los consumidores, han llegado en estos años denuncias por publicidad engañosa de alguna empresa que "promete lo que no se puede cumplir", pero sobre todo han recibido muchas quejas por irregularidades en el proceso de notificación de una multa. "Ocurre muy a menudo", asegura Rubén Sánchez, portavoz de la organización.

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